Durante ese período la empresa reclamó un millonario monto que abona el gobierno provincial como penalidad tras el lucro cesante de unos 70 millones de pesos y un pedido de redeterminación de precios que aumenta en 120 millones el monto original de obra.
Al respecto Torres recordó: “los últimos dragados se hicieron en los ‘80 y 2000, ahora hace unos días que comenzó la obra, generando alarma en la ciudadanía por los sedimentos y la falta de seguridad en toda la zona de trabajo”, y dijo: “además la obra no tiene permiso del Instituto Provincial del Agua, es una desinteligencia muy grave entre los organismos del Estado y funcionarios que no hablan entre ellos”.
Lo que se presentó frente al Ministerio de Ambiente fue un “Informe básico de estudio de Impacto Ambiental Dragado de Mantenimiento Puerto Rawson”, luego se sumó una adenda que dio inicio a los trabajos. “El análisis de impacto ambiental tiene que ser previo a la ejecución de la obra, hoy nos encontramos en una situación donde se acciona posteriormente teniendo que analizar los sedimentos arrojados al mar” aseguró el Senador.
Asimismo dijo: “en un gobierno anárquico donde nadie se hace cargo de nada pasan estas cosas, el perjuicio económico es enorme”, y añadió “con esos millones de pesos que se pierden por inoperancia se podrían hacer muchos SUM de escuelas o comprar patrulleros para la policía por ejemplo”.
Finalmente, manifestó que “en nuestro gobierno estas falencias se van a evitar con más transparencia y con funcionarios realmente comprometidos con sus obligaciones”.