Villa Mascardi: Una reivindicación que perdió una multitud de apoyos en el camino

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A dos años del asesinato de Rafael Nahuel las movilizaciones eran aún masivas

La ocupación de un lote de Parques Nacionales en Villa Mascardi para fundar una nueva agrupación mapuche, en la primavera de 2017, fue un episodio que resultó relativamente ajeno en Bariloche y alrededores hasta que el 25 de noviembre de ese año un joven de 22 años llamado Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda de parte de un efectivo de la Prefectura. La reacción en las calles fue aquella vez tan grande (y tan triste) como el vacío que, cinco años después, las organizaciones políticas, sociales y sindicales, y la gente de a pie le hicieron a las protestas por el operativo federal del martes.

«Eran tantos los que faltaban que si falta uno más no cabe». El absurdo del genial Macedonio Fernández es ideal para describir la imagen del acto de repudio realizado en la plaza del Centro Cívico, en plena preparación de la feria del Bariloche a la Carta, el martes por la tarde.

Hubo pronunciamientos y gran intercambio en redes sociales en torno del operativo ordenado por la Justicia Federal y ejecutado por el ministerio de Seguridad de la Nación, pero sin salir a las calles ni unirse bajo una misma pancarta.

La pérdida de apoyos de este grupo de jóvenes encapuchados que desde el bosque ha ido avanzando con violencia por la franja de tierra que atraviesa la ruta nacional 40 es un dato clave y explica en parte las razones por la que el gobierno de Alberto Fernández pasó del ingenuo llamado al diálogo de Sabrina Frederic al despliegue de fuerzas federales de choque de Aníbal Fernández.

Lo que se mantiene inoxidable es el racismo que, mal disfrazado de ingeniosa humorada, reclama el regreso de la Conquista del Desierto y, mucho peor, el discurso de odio que exige el fusilamiento del mapuche con argumentos de las más diversos, desde que no son argentinos hasta que son lisa y llanamente delincuentes.

Un cartel en la caravana contras las ocupaciones mapuches realizada el domingo

La jueza Silvina Domínguez, que tiene una larga carrera en la Justicia Federal en la provincia de Neuquén, fue acusada de promapuche y (como si fuera un delito) de kirchnerista con la misma liviandad que ahora la señalan como represora. Es mala cuando le reconoce derechos territoriales a la comunidad Millalonco-Ranquehue en tierras que reclama el Ejército y es igual de mala cuando ordena el desalojo de otra comunidad, Lafken Winkull Mapu, que tiene sólo cinco años de existencia.

Esta historia no ha terminado.

 



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