El fiscal Omar Rodríguez expuso su alegato en el caso que tiene como principal acusada a la exministra de Educación y actual diputada provincial, Graciela Cigudosa, y pidió que sea declarada culpable por el delito de “fraude a la administración pública”. Solicitó el mismo dictamen para el exsubsecretario, Raúl Care, ya que consideró que actuaron en conjunto.
“Si uno repasa toda la evidencia, indudablemente se tiene que preguntar ¿pudo Care actuar en soledad? La respuesta es no porque había que dibujar y hacerle firmar a una ministro una resolución en donde le estaba mandando a directores para que no contraten ellos ,esa plata ya iba con un proveedor seleccionado. Un ministro con conocimiento, como sí lo tiene Cigudosa porque fue directora mucho tiempo y conoce perfectamente cómo funciona el sistema de partidas, era imposible hacerla incurrir en un error, porque le tenía que hacer firmar una resolución en donde estaban dibujadas las cotizaciones”, expuso el fiscal general Omar Rodríguez.
Durante su introducción, el fiscal citó a la Reforma Constitucional para enmarcar este hecho “como un gran atentado al sistema democrático los delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos”. Argumentando desde los tratados internacionales, estableció que “la corrupción es aprovecharse de una posición de poder para generar una ganancia privada, es decir para beneficiarse o beneficiar a alguien, contrariando el deber fundamental de todo servidor público”, indicó.
Asimismo, aludió que “Cigudosa y Care eran funcionarios públicos que tenían el manejo de la administración de los bienes y el cuidado de los bienes en enero del año 2019”, etapa donde se investigan las presuntas ilegalidades y sobreprecios en la adjudicación a empresas para la reparación de escuelas de Rawson, y que por lo tanto “la fiscalía sostiene que hubo una contratación encubierta, que se usaron las partidas escolares para esconder una contratación direccionada y además de eso, se ocasionó un perjuicio extra que tiene que ver con la sobreprecios de los distintos elementos e insumos que se utilizaron en las refacciones de esas escuelas”, argumentó Rodríguez durante su alegato.
Respecto a la compulsa de precios, para el fiscal “quedó claro que hubo una falsa compulsa de precios, que en realidad todas estas empresas respondían a una sola persona, que era (Daniel) Schmid”, donde según Rodríguez, “era Schmid el que en definitiva se llevó los 18 cheques de las 21 escuelas que cobraron”.
Además, indicó que no habían licitaciones públicas ni existió un concurso, era una puesta en escena y surge de comparar las cotizaciones”, donde pudo establecer que al comparar tres cotizaciones encontró los mismos errores.
“Lo primero que vi es el cuadro, tienen un error abajo que es una raya que continúa, me encontré con errores ortográficos, todos tienen el mismo error, están pegados, no tienen espacio, todas esas cotizaciones son iguales las hizo una sola persona, la hizo (Jorge) Santucho porque llevó ese presupuesto”, estableció.
En cuanto a los sobreprecios, el fiscal señaló que “existieron sobreprecios no solamente en los elementos como los tubos fluorescentes, sino también en la limpieza y refacción de los caloramas. Todos los caloramas tenían el mismo desperfecto porque a todos los cotizaron por el mismos valor”.
Para el fiscal Omar Rodríguez “este delito es un fraude a la administración pública, como figura agravada, el hecho se comete desde adentro, un funcionario público en contacto con bienes ajenos, toda persona que administra bienes ajenos su primer deber es cuidar ese patrimonio, a partir de esta forma de actuar, se violó el deber ocasionando un perjuicio”, declaró.
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