“Hoy estamos en 500 empleados menos que cuando nos hicimos cargo de la gobernación”, aseguró Mariano Arcioni con la seriedad y la templanza que caracterizan a un buen liceísta. La afirmación fue en respuesta a la consulta de una periodista sobre el ingreso indiscriminado de personal a la planta permanente del Estado. “No es cierto, lo niego rotundamente”, sentenció, como para que no se vuelva a hablar sobre el tema.
Sin embargo, el Boletín Oficial parece encaprichado en desmentir al Gobernador y a diario publica enormes listados de personas que ingresan a la planta permanente del Estado.
Solo la semana pasada, el Ministerio de Educación registró el pase de planta temporaria a permanente de 681 personas, el Ministerio de Salud incorporó 151 nuevos trabajadores y el ejecutivo creó 111 nuevos cargos de planta permanente en la Ley de ampliación presupuestaria aprobada el jueves pasado en Legislatura, que seguramente serán cubiertos en los próximos días. En total, 943 afortunados que consiguieron la estabilidad laboral, con aportes y obra social.
Con las arcas del Estado vacías y un déficit mensual de más de $3.000 millones, la incorporación masiva de personas a la planta permanente representará un verdadero problema para Ignacio Torres, quien deberá resolverlo en los primeros días de su gobernación. Torres adelantó públicamente que revocará todos los ingresos a planta permanente realizados en el último año y convocará a un censo para estudiar caso por caso. El gobernador electo deberá cumplir su palabra o rápidamente se le convertirá en una bomba con consecuencias importantes.
Este martes se realizará el primer encuentro entre Arcioni y Torres para empezar a consensuar una transición ordenada y, seguramente, el electo primer mandatario volverá a pedir al gobierno que corten con los ingresos masivos al Estado.
