Caso Goodman: la defensa dijo que la causa es nula porque se utilizó inteligencia ilegal

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La defensa de Santiago Goodman, exsecretario general de la Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut, impugnó la condena ante los camaristas de Trelew Alejandro Defranco, César Zaratiegui y Adrián Barrios. Fue sentenciado a 3 años de prisión en suspenso por el incendio en Legislatura.

Los defensores Juan Salgado y Sergio Miranda pidieron su absolución y plantearon un supuesto espionaje ilegal para solicitar la nulidad del proceso.

La fiscal Florencia Gómez, en respuesta a la impugnación, indicó que “la defensa no acreditó haber realizado denuncia penal alguna en relación con la existencia de espionaje ilegal”. Sin embargo, al igual que durante todo el proceso, la defensa centró su argumentación en una supuesta criminalización de la protesta social, indicando un supuesto espionaje ilegal que no fue tal, según el parte de prensa de Fiscalía.

Gómez, además, refirió que “no se ha acreditado en parte alguna del proceso, ni se han agregado u ofrecido como prueba espionaje ilegal alguno por parte de la policía, y se suma a esto, que incluso si como sostuvo la jueza María Tolomei, el proceder de inteligencia policial previo no fuera pertinente, jamás la acusación fiscal, ni la investigación previa realizada se basó en los videos previos al delito”

La investigación y la acusación “contaron con muchas pruebas, como las filmaciones y testimonios de periodistas que filmaron y presenciaron la comisión del delito, las cuales eran independientes de la filmación del agente policial Barreda”.

Se sumaron las filmaciones de los policías del momento en que se cometió el delito “no son cuestionables, ya que es un proceder legítimo de la Policía”.

De acuerdo al parte de prensa, la defensa no puede pretender justificar la comisión de un delito por el hecho de tener lugar en el marco de una protesta social o sindical.

“Nuestro organismo y todo el ordenamiento jurídico respeta cualquier protesta social, pero eso jamás podría implicar que puedan cometerse delitos en las mismas o que los mismos queden justificados”, dijo la fiscal.

“Permitir que por una causa válida puedan cometerse delitos implicaría necesariamente caer en una anarquía y daría vía libre para que no haya límite alguno al proceder de un manifestante”, acotó. “Nadie ha sancionado una protesta social, sino que la jueza ha condenado un delito, realizado y debidamente acreditado en un juicio oral y público con todas las garantías constitucionales”.

Gómez recalcó que Goodman “siempre contó con todas las garantías constitucionales. Él mismo pidió declarar con la aceptación de su defensa. Fue la misma defensa la que consideró pertinente la declaración de Goodman, en la cual libre y con todas las garantías procesales, así como el asesoramiento técnico de su defensa, se declaró como autor del hecho e incluso confesó que sabía lo que hacía, al margen de la justificación que pretendió darle”.

La Cámara Penal dará a conocer su resolución por escrito el lunes 24 de octubre.



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