El festival de ingresos a la planta del Estado parece no tener fin, desde mediados del año pasado militantes, amigos y familiares de los funcionarios del gobierno de Mariano Arcioni se aseguran un trabajo estable hasta el día que se jubilen con aportes y obra social.
A pesar de que aún no cumplen un año en sus cargos, el ministro de Seguridad, Miguel Castro, y el subsecretario de Seguridad y Relaciones Institucionales, Rubén Becerra, se pusieron rápidamente en sintonía con el resto de los funcionarios y ya designaron más de 200 personas, entre funcionarios, contratados y personal en planta transitoria o permanente.
Castro y Becerra son un claro ejemplo de cómo un funcionario utiliza al Estado para acomodar a sus familiares y militantes del Frente Renovador. En casi un año al frente del Ministerio de Seguridad, han ampliado los organigramas y presupuestos de las distintas áreas a su cargo para permitir el ingreso indiscriminado de personas cercanas a “trabajar” en el gobierno.
Entre sueldos y aportes tributarios, cada trabajador le cuesta al Estado, promediando hacia abajo, unos $ 200.000 mensuales, por lo que las 200 designaciones de los responsables de la seguridad provincial cuestan unos $ 40 millones mensuales y $ 480 millones al año, dinero con el que se podría haber renovado la flota vehicular policial sin la necesidad del endeudamiento a través del leasing.
Pero Castro y Becerra no son los únicos, todos estos meses el Boletín Oficial refleja los listados de los distintos organismos del gobierno que designan nuevos ingresos a planta y contratos de personas que pasan a engrosar la ya muy larga lista de trabajadores que viven del Estado en nuestra provincia. Por citar un par de ejemplos, las Secretarías de Ciencia y la de Trabajo ampliaron recientemente sus organigramas e incorporaron muchos nuevos trabajadores a sus planteles.
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