sábado, 27 de julio de 2024

La muerte de Jorge Rafael Videla inauguró el 17 de mayo 2013 un nuevo estadio en su condición de detentor de uno de los sellos más terroríficos de la historia argentina: la necesidad de asumir un anonimato en pos de preservar sus restos.

Acaso una suerte de paradoja por quien fue la primera cara visible del “Proceso de Reorganización Social”, entre 1976 hasta 1981, y autor de la frase “es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está”, lo cierto es que su fallecimiento encendió las alarmas en su ciudad natal ante las chances de que fuera trasladado al único cementerio del rincón bonaerense: Mercedes no quería al presidente dictador.

“Recuerdo que fue difícil poder organizarse, pero llegamos a hacer una convocatoria a todas las fuerzas políticas para lograr un entendimiento y a ver cómo se podía actuar ante la posibilidad que se acercaba”, repasó Marcelo Melo, exsecretario de Derechos Humanos del municipio situado a 96 km de la Ciudad de Buenos Aires.

Las crónicas de hace una década reflejaron cómo, desde el ámbito institucional, la dicotomía entre el “querer hacer” y lo impedimentos legales logró resolverse mediante una intervención urbana que incluyó el cuelgue de paneles en la puerta del camposanto con un pequeño informe con los nombres y las historias de los desaparecidos mercedinos. La mayoría de ellos estudiantes universitarios.

“Nos enteramos de la posibilidad de que podía llegar a venir a través de los medios. Nunca hubo una información oficial ni de la familia. Nada”

La inquietud sobre el destino del tercero de los cinco hijos del coronel Rafael Eugenio Videla Bengolea obligó también el manifiesto del propietario de la funeraria preasignada y quien ya había prestado servicios a la familia del genocida.

“No lo sé. No tuve ninguna comunicación con la familia, en absoluto”, sentenció el dueño de la Cochería Rossi a la prensa, diez años atrás.

El rechazo de Mercedes a Videla: posturas y la delgada línea que encendió la polémica

La vigilia por los restos del hacedor de “persona no grata” concedido de forma unánime por el Concejo Deliberante de Mercedes en 1998, dejó traslucir también el interrogante de cómo expresar el repudio en tiempos de democracia.

Para Melo la postura de los partidos políticos resultó un tanto “indefinida” ya que “daban vuelta”, lo que obligó al municipio a oficializar el desagrado local, más no impedir un eventual arribo.

“Tampoco podíamos prohibir la posibilidad de llegada del cuerpo de Videla a Mercedes porque no podíamos actuar como lo había hecho el gobierno militar”, subrayó el exfuncionario. “Pero creo que la familia al ver todo lo que se había generado decidió entonces no hacerlo”, agregó.
Por su parte, Javier Casaretto, quien fue secuestrado en Mercedes por efectivos del Ejército en 1977 y recluido en el centro clandestino de detención “El Vesubio” más tarde, focalizó la disyuntiva de accionar en el impacto de prohibición contra “uno de los apellidos propios de la ciudad”.

“Durante la dictadura era muy común que familiares de las personas detenidas, ya sea legal o ilegalmente, fueran a hablar con la hermana de Videla que vivía con su madre. Recuerdo porque también lo hicieron familiares míos mientras estuve secuestrado”.

A 10 años de aquella definición, Casaretto sostiene que la familia del dictador “hizo bien en no traerlo” aunque no sustentado en un sentido revanchista sino más bien en la herida saldada bajo la tutela judicial: quien alguna vez fue el hijo pródigo mercedino recibió la condenado a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales.

“Creo que el tiempo y las nuevas generaciones hacen que se vean otras cosas y que esto pase a un segundo plano. Pero también imagino que de volver a intentar traer el cuerpo a Mercedes no se podría hacer porque es una marca para la comunidad”, concluyó Casaretto.

Videla murió el 17 de mayo de 2013 a los 87 años en el baño de su celda en la prisión de Marcos Paz. Por después del deceso, un juez inició una investigación sobre los causales.

En paralelo, el abogado de la familia, Adolfo Casabal, había anticipado que lo enterrarían en Mercedes, decisión que despertó la movilización en repudio. Finalmente, se optó por el traslado de los restos a Pilar en una ceremonia secreta de la que participó solo una decena de personas.

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