sábado, 20 de julio de 2024

En medio de la ley “ómnibus” del Gobierno que contiene una amplia reforma electoral, impositiva y retenciones a las exportaciones, también se conocieron los cambios al régimen federal de pesca, que, indicaron fuentes del sector, afectará a una industria que genera US$2000 millones por año. “Es una irresponsabilidad total”, apuntaron en una de las cámaras donde afirmaron que esto va a provocar una grave “crisis” ya que va contra el régimen de cuotas. Aseguraron que, además, el 15% de retenciones va a destruir la actividad y el empleo.

“Es una locura. Esto genera una gran inseguridad jurídica y va a provocar una grave crisis; esto es de una gran irresponsabilidad por parte del Gobierno; es cambiar todo el régimen federal de pesca. Hay un montón de derechos adquiridos de empresas con inversiones en función del régimen legal. Esto es una bomba que va a generar una reacción impresionante. Hay una grave alarma en el sector pesquero. Esto es muy preocupante y seguramente va a haber una reacción del sector contra esto”, dijo Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca).

“Este es un sector que votó por el proyecto de Milei, de mayor libertad, pero no esto. Esto es romper todo lo que hay en el sector, que genera muchos puestos de trabajo, mucha inversión, capital invertido. Esto genera una incertidumbre y una inseguridad jurídica terrible, total. Es una locura”, indicó.

Dentro del proyecto de ley que el ministro del Interior, Guillermo Francos, entregó esta tarde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, están entre los 664 artículos el artículo que posibilita la sustitución del artículo 7°, 9°, de la ley 24.922 del régimen federal pesquero. Además, la derogación del artículo 25, la sustitución del artículo 26, 27 y 27 bis, la sustitución del cuarto párrafo del artículo 28 y 29. También la derogación del artículo 34, la sustitución del artículo 36 y la derogación del artículo 40 de esa ley. Según Boiero, esto es ir en contra del régimen de cuotas de acuerdo con la ley de pesca vigente.

Este sector exportó entre enero y noviembre US$1.624.148 millones, según datos de Capeca. “Esto es desvirtuar lo que ya está y en base con lo que ya tenemos y por el que muchas empresas han hecho inversiones. Hay mucho empleo en relación de dependencia que no pueden estar sujetos a estos cambios. ¿Qué hacemos con la gente? Se van a hacer cargo de la gente que están en relación de dependencia. Es un desconocimiento total de la realidad legislativa del sector”, explicó. La pesca genera 45.000 empleos directos. Mar del Plata y las provincias de Chubut y Santa Cruz serían afectadas por este régimen en caso de aprobarse en el Congreso sin modificaciones.

Boiero sostuvo que los cambios en el régimen fueron ideados por Federico Sturzenegger, quien sería el autor del proyecto de desregulación que propone el Gobierno de Javier Milei. “Son proyectos que él tenía armados, que hizo algún laboratorio, pretende aplicarlos sin conocer el interior. Jamás estuvo en Santa Cruz o Chubut o el campo. Es patético”, apuntó.

Las cámaras del sector intentarán pedir una audiencia con el presidente Javier Milei, para tratar esta situación. “Hemos hablado con el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, con la gente de jefatura de Gabinete de Agricultura, con Pedro Vigneau. Ellos están tan asombrados como nosotros y me reconocen que ellos no tienen ningún poder de decisión. Están al margen de todas estas decisiones y que no pueden hacer nada”, especificó.

Después de casi tres semanas que van de Gobierno, la Secretaría de Agricultura todavía no nombró a nadie en la Subsecretaría de Pesca, que depende de la administración pública para funcionar. “Ha quedado a la deriva, sin ningún representante. No han nombrado a nadie; es una vergüenza, una falta de respeto a un sector que genera 2000 millones de dólares de divisas y un montón de puestos de trabajo. Somos una actividad importante con cargas sociales, sueldos altísimos. [Con esto] sufrimos un destrato total. No hay un interlocutor válido y el propio secretario Vilella se ve incapacitado para hacer de interlocutor, yo he pedido audiencias desde las intercamaras y me dice que no puede hacer nada, y que están al margen de las decisiones que se están tomando. Esto es preocupante”, se descargó.

Este martes solicitaron una reunión con Juan Pazo, secretario de Coordinación del Ministerio de Economía, quien ha venido reuniéndose con diferentes sectores, pero no tuvieron respuesta. “Tuvimos silencio y proyectos locos. No tenemos ninguna comunicación. Pude participar de una reunión por los derechos de exportación [que se elevan al 15%], que nos sacan del mercado y van a generar una crisis ocupacional y sectorial importante. Paran al sector pesquero y lo destruye. No tenemos con quién hablar”, puntualizó.

Descargo
“En un esfuerzo por preservar la riqueza ictícola del Mar Argentino y promover una explotación sostenible de sus recursos, la República Argentina ha implementado un régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), marcando un hito en la administración pesquera del país. Este sistema, que no abarca a todas las especies marinas, sino a aquellas seleccionadas por su importancia cultural y comercial, se presenta como una solución equilibrada que integra perspectivas jurídicas, económicas, sociales y biológicas. El marco normativo actual, derivado de la Ley N° 24.922 y su posterior reglamentación a través del Decreto N° 748/99, fue el resultado de un proceso de más de un año y medio que involucró un consenso significativo entre el sector público y privado. El Consejo Federal Pesquero (CFP) ha sido el órgano encargado de desarrollar las normativas necesarias para establecer este régimen, que ha transitado 14 años de aplicación efectiva y exitosa, evidenciada por la casi inexistente litigiosidad contra el régimen legal”, dijeron desde intercámaras de la industria de la pesca.

Explicaron que la ley introdujo un cambio radical desde un sistema de permisos de pesca a uno basado en CITC, considerado más racional para la explotación sostenible de los recursos vivos del mar. De acuerdo con la ley, los permisos de pesca son habilitaciones otorgadas a los buques para acceder al caladero, pero no para ejercer la pesca, que solo se obtiene con una CITC o una Autorización de Captura para especies no cuotificadas. “Este sistema también contempla medidas generales de administración y manejo de la pesquería establecidas por el CFP, independientemente de la jurisdicción donde se realice la captura. Así, las Capturas Máximas Permisible (CMP), en función de las cuales se calcula el volumen anual correspondiente a la CITC, se definen para toda el área de distribución de la especie en cuestión”, agregaron.

El régimen legal actual ofrece un marco adecuado para el ordenamiento del sector pesquero y la planificación de acciones a largo plazo en áreas como investigación y manejo y conservación de los recursos marinos. “La CITC representa una concesión jurídica que permite la captura y el ejercicio concreto de la pesca con respecto a una determinada especie, siendo una condición necesaria, pero no suficiente para el ejercicio efectivo de la pesca”, añadieron.

Por Belkis Martínez, para La Nación

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