La estrategia de la empresa que tuvo a cargo los trabajos del sistema de caldera y la calefacción en la Escuela 7.719, que comparte edificio con la Escuela 93 en el paraje Buenos Aires de El Maitén, apuntaría a responsabilizar por la intoxicación masiva a padres y autoridades del establecimiento ya que no estaban finalizados los trabajos y entrega a Camuzzi para su habilitación, y a pedido de los padres las directoras decidieron retomar las clases.
Juan Zapata es el abogado de las directoras y dijo que la publicación digital que difundió este dato no menciona el nombre del letrado que patrocina al empresario Juan Cottet. “Es muy agarrado de los pelos”.
Mencionó el abogado que luego del episodio, que pudo ser trágico, “sería la misma empresa la que de madrugada, estuvo modificando la escena, maniobra que encontró Obras Públicas”.
“Entonces -enfatizó e Zapata-, si vamos a deslindar responsabilidades, empecemos a ver que la misma empresa que ejecutó los trabajos en la escuela, fue a hacer modificaciones, cuando no era necesario si tenían la conciencia tranquila de que las cosas se hicieron bien”.
Afirmó que los padres no tienen nada que ver, menos cuando el artículo alude a que habrían presionado para que se retomaran las clases, junto a las directoras.
Confirmó el letrado que la Unidad de Delitos contra la Administración Pública Provincial, a cargo del Fiscal Omar Rodríguez, investiga a la empresa Cottet y a la cooperativa Patria Libre, para constatar que no hubo una connivencia entre ambas en la presentación a licitaciones, y qué trabajos se llevaron a cabo.
“Querer poner en los padres una responsabilidad que no existe, es muy endeble”, manifestó y recordó que la Fiscalía de la Comarca Andina pidió que los damnificados presenten el certificado médico y se constituyan en querellantes, incluyendo a las directoras. “También fueron víctimas de lo que ocurrió; se dio vuelta lo que se tenía al principio, que eran responsables de las lesiones”.