La cuestión del FAP

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No hay dudas que la disputa originada por la ley I Nº 620 ha llegado a un punto de conflicto que obliga a todos los actores a buscar una solución que sea razonable para todos los sectores involucrados. Es importante aclarar que dicha Ley fue votada por amplia mayoría, nunca fue vetada por el Gobierno Provincial sino que, reafirmando la conformidad de la Ley, mediante Decreto 723/18, el Gobernador Arcioni, y con la firma del entonces Ministro Coordinador, Federico Massoni, y la Ministra de Medio Ambiente, Mariana Vega, reglamentaron dicha ley estableciendo su metodología, sistemas de cobro y responsabilidades funcionales para hacer efectivo el cobro del impuesto establecido en la norma ambiental.

Pero era evidente que más allá de la promulgación de la Ley y del Decreto Reglamentario en cuestión quedaba claro, y demostrado con el correr del tiempo, que había un compromiso tácito entre el poder político y el empresariado de no hacer efectivo el cobro de dicho impuesto, puesto esto a relieve con el tiempo por los hechos y dichos.

Era tal el compromiso del Gobierno que el actual Secretario de Pesca, en setiembre del año 2018, cuando era representante del SUPA, Sindicato de Trabajadores Portuarios, emitía duros mensajes en sus cuentas de Twitter dirigidos al gobernador, que dejaban en evidencia el compromiso directo de Arcioni con el sector. El 19 de setiembre José Gabriel Aguilar decía: “Arcioni Mariano, permítame decirle en breves palabras que si existía algún apoyo a su gestión por parte del sector portuario lo acaba de perder POR HABER FALTADO A SU PALABRA…..” y el mismo día con el mismo sistema decía, el hoy Secretario de Pesca provincial entonces hombre de gremio: “Arcioni Ud. se comprometió a NO echar manos s/ el sector pesquero y expresamente dijo que teníamos su palabra de que todo sería consensuado y sin embargo el 07 de setiembre REGLAMENTO el canon al cajón de langostinos ¡1 lit. de gas oil por cajón. Y nosotros pintados! = quilombo” y un tercer mensaje anuncia el fin de la paz social por el cobro del FAP y el incumplimiento de la palabra “Nosotros hemos sido respetuosos de la palabra empeñada y siempre abonamos a la paz social. Pero también dijimos que si la faltas! Nos autorizas a faltarla. Gandhi decía: antes que cobarde prefiero ser violento ¡si un amante de la paz lo dijo….que nos queda para los mortales….”.

Estos simples y contundentes mensajes dejan en evidencia un claro y firme compromiso del Gobernador de vetar el FAP y de no cobrar el impuesto establecido por Ley y ya en ese momento se amenaza con alterar la paz social. Está claro que el Gobernador se había comprometido; por eso el enojo de Gabriel Aguilar porque Arcioni había traicionado al sector faltando a la palabra que no era otra que no cobrar el FAP. Nadie piensa que este gobierno a partir de entonces comenzó a cobrar por izquierda y a vivir al sector con la promesa de no actuar eso nadie lo puede ni siquiera sospechar de un gobierno que se caracteriza por la transparencia absoluta en el manejo de los fondos públicos.

Hasta tal punto era el compromiso de nuestro transparente Gobernador que las 2 primeras leyes que envió a legislatura fueron la derogación del FAP y la Ley que anulaba los Decretos que habilitaban la entrega de tierras con bosques nativos (eso merece una historia aparte) y no tuvo éxito parlamentario en dichos intentos, pero siempre con el compromiso de no cobrar el impuesto.

A todas luces se ha llegado a un punto en el que llegar a un entendimiento no admite dudas, pero el pésimo manejo del Gobierno Provincial, la evidente complicidad del Ministerio de Medio Ambiente, -responsable de hacer efectivo el cobro de acuerdo a la Ley y al Decreto reglamentario-, de la mirada distraída del Gobernador y el accionar recaudador del San Mateo del Gobierno fue llevando el tema a un callejón sin salida que se ha convertido en un verdadero nudo gordiano.

Por un lado, Funcionarios venales que no querían cobrar, por otro, el caso de Gabriel Aguilar, que evidentemente siempre estuvo en contra del impuesto y como funcionario iba a responder a los intereses del sector que representaba que no son, en este caso, los del Estado, un empresariado que, lógicamente, como todos los empresarios tratan de evitar el pago de impuestos, los trabajadores que a través de un Convenio Colectivo, absolutamente irracional e insólito, están incluidos como aportantes solidarios de los patrones en el pago de impuestos, y los intendentes costeros que tienen importantes acreencias sin percibir.

Es indudable que ha llegado el momento de usar la racionalidad por parte de todos los actores que tienen relación directa con el tema. Es claro que el sector pesquero no es el mismo que era hace unos años, cuando el kilo de langostino se llegó a pagar 12 o 13 dólares en banquina, llegando a un precio actual que supera escasamente los 2 dólares, los trabajadores, por el increíble Convenio Colectivo, pueden ser pasibles de injustos descuentos en sus ingresos por un trabajo duro que realizan, y los Municipios que lógicamente ven la posibilidad de recaudar importantes fondos para sus alicaídas arcas. Se estima que aún con los descuentos y la condonación propuesta, Rawson tendría unos 300 millones de acreencias para cobrar, Madryn, aproximadamente, unos 200 millones y camarones una cifra cercana a los 70 millones.

Es complejo destrabar este nudo al que se ha llegado fundamentalmente por incompetencia y venalidad, pero no imposible porque son sectores que se pueden entender y buscar variantes lógicas y que podrían conformar a todas las partes en disputa. El sector pesquero, por lo menos el Rawsense, está conformado por gente razonable y comprometida con la comunidad, que consideramos no tendría inconvenientes en abonar a los Municipios las deudas, que por cierto aún no están detalladas ni cuantificadas. A su vez, los Municipios deberían buscar, un sistema de financiamiento razonable, con el pago en efectivo o inversiones locales. El Gobierno Provincial, gran responsable de haber llegado a esta situación, condonar lo que le corresponde, y que, evidentemente nunca quiso cobrar y finalmente dejar libre de todas las “deudas” a los trabajadores de la pesca.

De momento, no sería descabellado que, -mientras los organismos competentes complementen la información que lógicamente los Diputados solicitan porque no pueden condonar algo de lo que ni siquiera se conocen los montos-, el gobierno dicte un Decreto de Necesidad y Urgencia dejando sin efecto el cobro del impuesto en cuestión, para dar tiempo a que los Funcionarios cumplimenten los pedidos legislativos.

 

 



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