La reducción Napalpi, un territorio de 20.000 hectáreas ubicado a 120 kilómetros de resistencia, sobre la traza del ferrocarril barranqueras al Oeste, había sido creada en 1911 por el naturalista y protector de Indios Enrique Linch Arribalzaga. La creación de este cerco indígena de producción agraria bajo subsidios y control estatal, tuvo la intensión de evitar que la seña Mocoví, Toba y Vilela continuasen siendo víctimas del genocidio de las tropas de línea del ejército, que las consideraban obstáculos para su objetivo de “civilización y progreso”. La Reducción también incluyó una política educativa. Se fundó una escuela para los hijos de aborígenes.
Hacia 1920, con el auge algodonero, la Reducción contaba con alrededor de 700 empleados que trabajaban a destajo. Pero los Indios también tenían posibilidades de ser contratados por comerciantes que los trasladaban a los ingenios azucareros de Tucumán, de Salta y de Jujuy, por una mejor paga. De modo que entre la posibilidad de volverse al Monte a vivir con sus costumbres originales, subsistiendo con la caza o la pesca, y el éxodo a otras provincias, desde la perspectiva de los terratenientes, los aborígenes componían una mano de obra inestable para las necesidades de la cosecha.
Atento a las inquietudes de las empresas productoras, el Gobernador Centeno prohibió los desplazamientos indígenas fuera del territorio. Sometidos al cerco de Napalpi, los aborígenes se sublevaron contra la administración de la Reducción, que además les descontaban el 15% de la producción de algodón. Muchos se negaron a levantar la cosecha. El ambiente se fue crispando. Los policías comenzaron a perseguir a los indígenas que regresaban de la zafra jujeña en transgresión a la orden de Centeno y mataron a algunos de ellos en el Cuchillo.
El 17 de mayo de 1924, Centeno fue a las tolderías de Napalpi a entrevistarse con los Caciques. Escucho sus críticas. Le pidieron la supresión del 15%, la libertad para vender sus productos, la reapertura de la escuela, título de propiedad para los colonos indígenas, la liberación de aborígenes detenidos en la cárcel de Resistencia y la entrega de 2 vacas y 1000 kilos de galletas.
Ni la promesa de provisión de alimentos ni la reunión de la delegación indígena en Buenos Aires con la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios ni la visita a Napalpi de Eduardo Elordi, Secretario de Territorios del Ministerio del Interior bastaron para atemperar la hostilidad en la región. Todas las negociaciones habían fracasado.
En julio el Gobernador Centeno pidió al Ministerio del Interior tropas del Ejército para sofocar la “sublevación”, pero le respondieron que era un hecho policial que debía ser resuelto a nivel local.
El sábado 19 de julio de 1924, La Nación publicó que “la sublevación de los Indios de la Reducción de Napalpi continuaba amenazando a la población de la zona norte de ese departamento (Villa Ana). Han sido atacados varios vecinos, registrándose numerosos asesinatos. El pueblo está alarmadísimo”.
Ese mismo día ya estaba en Napalpi la tropa policial enviada por Centeno. 40 de ellos habían partido en tren desde Resistencia, se sumaron otros 80 de localidades vecinas, más la participación de civiles armados al servicio de los productores. Un avión del Aeroclub Chaco los ayudó a reconocer la posición exacta de los indios. Muchos de ellos salieron a observar el aeroplano que volaba más allá de la copa de los árboles. Según los testimonios recogidos por una comisión parlamentaria, expuestos en la Sesión de Diputados del 11 de setiembre de 1924, desde el avión arrojaron una sustancia química que comenzó a incendiar las tolderías.
La tropa inició la matanza de etnias rebeldes. Las familias indígenas escaparon hacia el Monte Impenetrable, pero en dos horas, los fusiles estatales ya habían matado alrededor de 200 aborígenes que habían negado sus brazos a la cosecha. El avión sobrevoló la zona para señalar a los que escapaban y ponerlos en la mira del fusil del copiloto. A los que quedaban heridos, la tropa policial los ultimaba a machetazos o los degollaba. Al Cacique Maidana y a sus hijos les arrancaron los testículos y las orejas. Los cadáveres fueron amontonados y rociados con kerosene y enterrados en fosas comunes. Muchas mujeres fueron tomadas prisioneras y sometidas. Los bienes indígenas de la Reducción fueron saqueados. 40 niños que lograron sobrevivir fueron entregados a los estancieros como sirvientes para las tareas domésticas.
En el expediente judicial, la policía negó la matanza. Según la versión oficial cuando llegaron a Napalpi con un pañuelo blanco, fueron recibidos con fuego por los indios y en el combate mataron solo a tres caciques rebeldes y a otro aborigen. El resto, cerca de 800 indios, al ver caer a sus jefes, huyo al monte. La justicia, que archivó la causa sin reconocer la culpabilidad en nadie no recogió los testimonios de los indígenas que habían sobrevivido.
Entre ellos estaba Melitona Enrique, Toba, de 23 años. Ese 19 de julio de 1924 escapó de las balas y corrió hacia el Monte con su madre. Había perdido a sus abuelos, a sus primos y a sus tíos. Estuvo varios días y noches sin comer, vivió muchos años, fue la última sobreviviente.
Melitona Enrique murió el 13 de noviembre de 2008. Tenía 107 años. En su último cumpleaños, el 13 de enero del mismo año, el Estado Provincial del Chaco reconoció por primera vez su responsabilidad en la masacre de Napalpi. Entonces le pidió disculpas, le regaló una silla de ruedas y le prometió una casa de ladrillos.
Fragmente del libro “Argentina, un siglo de violencia política”, de Marcelo Larraquy