El intendente Damián Biss envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) que reemplace a la Cooperativa de Servicios Públicos de la capital provincial. La iniciativa ya despertó fuerte rechazo entre vecinos, quienes cuestionan los fundamentos legales del plan oficial y presentaron una nota de queja al interventor de la cooperativa.
Uno de los puntos más controversiales del proyecto es la afirmación del intendente respecto a que “todos los postes, líneas y tendidos de red de energía son propiedad municipal”, argumento que forma parte central de su propuesta para transferir esos bienes a la nueva SAPEM. Sin embargo, esa afirmación fue desmentida por el grupo de asociados de la cooperativa, quienes recordaron que existe un convenio legalmente vigente que contradice la postura del Ejecutivo.
En una nota presentada este martes ante el interventor de la Cooperativa, los vecinos Juan Salgado, Juan Carlos Michi, Mario Orellano, Alejandro Papaiani, Mónica Barros, Juan Daniel López y Nélida Isabel Roma advirtieron que los bienes a los que hace referencia Biss fueron cedidos formalmente a la cooperativa durante el gobierno de Adrián López, en el año 2008, mediante la ordenanza 6620, bajo el concepto de “REPARACIÓN HISTÓRICA”.
“La propiedad de todos los bienes del servicio público son de esta Cooperativa, de modo que cualquier acto que usted realice en menoscabo del patrimonio que pertenece a los socios excedería las limitadas funciones que se le han dado y le harían incurrir en delitos de administración infiel y malversación de fondos”, advierten los firmantes en la misiva dirigida al actual interventor.
Biss, en sus declaraciones, sostuvo que el objetivo del proyecto es “hacer una transición ordenada, pasar a un nuevo esquema, una Sociedad Anónima con Participación Estatal, que tome la infraestructura, tome el capital que hoy tiene la Cooperativa y también asuma las responsabilidades en cuanto a las deudas”.
No obstante, la iniciativa genera dudas jurídicas, políticas y económicas. La principal preocupación planteada por los firmantes es que la entrega del patrimonio cooperativo a una empresa estatal sin el consentimiento de los socios no solo sería ilegal, sino que expondría a los responsables a eventuales sanciones penales.
El futuro de la SAPEM en Rawson queda ahora en manos del Concejo Deliberante, que hasta el momento funcionó como una escribanía para el ejecutivo, aprobando automáticamente cada proyecto enviado por el intendente, sin reparos, objeciones ni análisis de los mismos.
