“Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del Ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la Nación.’
Manifiesto revolucionario del 6 de setiembre de 1930.
En vísperas del golpe, el general Dellepiane renunció al ministerio, disconforme porque el presidente no había hecho caso de sus avisos para detener la conjura. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Horacio Oyhanarte, el más enérgico y también el más odiado del círculo de Yrigoyen, denunció la posible participación en la conspiración del ministro Elpidio González y del vicepresidente Martínez, los cuales habrían presionado al presidente para que delegara el mando por razones de enfermedad el 5 de setiembre.
Martínez se disponía a asumir temporariamente la presidencia el día 6 de setiembre, cuando irrumpió en la Casa Rosada la columna revolucionaria encabezada por Uriburu. Éste se decidió a actuar a pesar de que el jefe de la guarnición de Campo de Mayo, la más poderosa fuerza de la Capital, era legalista. Por tal razón, recurrió a los cadetes y oficiales del Colegio Militar, a escuadrones de caballería y a un destacamento de la escuela de comunicaciones. Contaba asimismo con centenares de civiles armados apresuradamente y que finalmente no fueron necesarios.
En la jornada revolucionaria se registraron escenas de júbilo al paso de las Fuerzas Armadas. Hubo un grave tiroteo y 30 muertos en la plaza del Congreso. Al anochecer fueron saqueados el domicilio particular del “Peludo” y varios comités radicales,
Yrigoyen, acompañado de unos pocos fieles, renunció al cargo en el cuartel 7 de La Plata. Las imputaciones que le hacían los revolucionarios están sintetizadas en el Manifiesto del 6 de setiembre:
“La inercia y la corrupción administrativa, la ausencia de justicia, la anarquía universitaria, la improvisación y el despilfarro en materia económica y financiera, el favoritismo deprimente como sistema burocrático, la acción destructora y denigrante en el Ejército y en la Armada (…) son apenas un pálido reflejo de lo que ha tenido que soportar el país”.
Confinado en la isla Martín García, a los 78 años y en condiciones de salud precarias, el ex presidente escribió su defensa: “Hice un gobierno de la más alta razón de Estado, con toda la circunspección debida, pero sin ostentaciones ni aparato alguno, de justicia distributiva, y lleno de cuidado para remediar todos los males, sobrio y sencillo al alcance de todos desde los más modestos hasta los más encumbrados elementos (…) y dije que bajo la bóveda del cielo argentino no habría desamparo para nadie, como así sucedió”.
La dictadura
El gobierno de Uriburu, primero en la nómina de administraciones de facto de la historia del siglo, designó a una mayoría de civiles en los distintos ministerios. El vicepresidente era Enrique Santamarina, un acaudalado estanciero, y el ministro de Interior, el exdiputado Matías Sánchez Sorondo. Ambos pertenecían al partido conservador que volvía al poder luego del forzoso ostracismo que le había impuesto la ley Sáenz Peña.
Por una acordada de la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal de la Nación, se reconoció la validez del gobierno de facto: “se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación y, por consiguiente, para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas y ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes fundamentales del país”20.
La dictadura disolvió el Congreso, intervino las provincias (menos San Luis y Entre Ríos), decretó la ley marcial a fin de dar ejemplo de mano dura y fusiló al obrero Penina y a los anarquistas Severino di Giovanni y José Scarfó. La Legión Cívica, integrada por jóvenes voluntarios que recibían entrenamiento militar, fue organizada desde el poder.
La revolución septembrina tenía dos opciones. Una era intentar alguna solución a la crisis que impidiera la vuelta al gobierno de Yrigoyen y manipular la convocatoria a elecciones para restablecer las instituciones. La otra consistía en realizar reformas de fondo que incluyeran la supresión lisa y llana de la ley electoral Sáenz Peña y una nueva Constitución de carácter corporativo como la de los países fascistas.
Los jóvenes nacionalistas estaban alineados con las reformas de fondo. Así pensaba también el doctor Carlos Ibarguren, quien fue designado interventor en la provincia de Córdoba. “En el Estado deben actuar los representantes genuinos de los intereses sociales en todas sus capas y acordarse representación a los partidos, a los gremios y a las corporaciones”, sostenía Ibarguren.
Por cierto, que el interventor no pensaba en convocar a la dirigencia gremial ya constituida (FORA, UGT), sino en crear sindicatos desde el Estado, como se había hecho en la Italia de Mussolini. Pero el proyecto no prosperó pues disgustó a la opinión liberal que era mayoritaria en las clases establecidas y mereció la condena de la prensa.
Entre tanto, y a medida que la popularidad del gobierno de facto se desvanecía en medio del desempleo y de las frustraciones, la mano del gobierno se endureció. En la Universidad se produjeron represalias contra profesores eminentes contrarios al nuevo estado de cosas (Ángel Rosenblat, Gustavo Levene, Diego Luis Molinari). Varios dirigentes gremiales que eran extranjeros fueron deportados. Pero casi no hubo protestas: la Confederación General del Trabajo (CGT), formada en 1930 por la fusión de las dos centrales obreras existentes, admitió la vigencia de la ley marcial para mantener la tranquilidad pública y no discutió las deportaciones. Sólo el periódico anarquista La Protesta denunció los peligros de la dictadura.
Se decía en voz baja que la sección especial de la policía torturaba a políticos y gremialistas opositores con la recién inventada picana eléctrica. Más tarde, “Polo”, el hijo de Leopoldo Lugones, sería denunciado por el diario Crítica como el responsable de estos hechos vergonzosos.
Ajeno a estos cambios en la opinión y presionado por el partido conservador, el gobierno convocó a elecciones en la provincia de Buenos Aires en abril de 1931. El radicalismo fue autorizado a participar, en la suposición de que a raíz del desprestigio sufrido ya no constituía un rival serio. Sin embargo, contra todo pronóstico ganó la fórmula radical, Honorio Pueyrredón-Mario Guido. Los comicios fueron anulados, pero el traspié apresuró la retirada de Uriburu quien se encontraba, además, gravemente enfermo.
Quedaba en claro entonces que, para mantener las apariencias del sistema, como pretendían los grupos de poder, era necesario proscribir a la UCR. Consecuente con esas premisas Uriburu convocó a elecciones nacionales en noviembre de 1931 y proscribió la fórmula del radicalismo.
La primera dictadura militar del siglo terminaba en un fracaso, pero los liberales, sin haber asumido directamente el riesgo del golpe, se llevaban la mejor parte en el futuro gobierno. Era una victoria sin duda, pero a un elevado costo institucional; diecisiete años después de estos acontecimientos, durante el gobierno de Perón, un político conservador, José Aguirre Cámara, reconocería su parte de culpa en el proceso:
“Nosotros sobrellevamos el peso de un error tremendo. Nosotros contribuimos a reabrir, en 1930, la era de los cuartelazos victoriosos… El año 1930, para salvar al país del desorden y el desgobierno, no necesitamos sacar a las tropas de los cuarteles y enseña al Ejército el peligroso camino de los golpes de Estado. Pudimos dentro de la ley, resolver la crisis. No lo hicimos, apartándonos d las enseñanzas de los próceres conservadores, por precipitación por incontinencia partidaria, por olvido de las lecciones de la experiencia histórica, por sensualidad de poder. Y ahora está sufriendo el país las consecuencias de aquel precedente funesto”.
Texto de ”La Argentina – Historias del País y de su gente” – María Sáenz Quesada