Aunque en octubre de 2020 los chilenos votaron por mayoría cambiar la Constitución, el texto nacido de ese deseo ha sido claramente rechazado. Tal vez haya influido el largo proceso de redacción (nueve meses), algunas noticias referidas a los miembros de la Convención Constitucional -uno de ellos reconoció haber mentido sobre su diagnóstico de cáncer- o el reproche generalizado de que no estaban suficientemente preparados para la ilustre tarea. Pero, sobre todo, la propuesta final tenía carencias. Demasiado radical y vaga en algunas propuestas, también cambiaba conceptos anclados en la democracia chilena.
ELIMINACIÓN DEL SENADO
Con el argumento de que el Senado replica las funciones del Parlamento (lo que alarga el proceso legislativo), el texto de la Constitución lo eliminaba para establecer en su lugar una Cámara de las Regiones. Lo que motivó las críticas a esta nueva ‘Asamblea de regiones’ son sus funciones, ya que sus miembros no participarían en el proceso de elaboración de todas las leyes sino sólo de algunas: las que se refieren a la estructura orgánica del Estado, las que afectan a una reforma de la Constitución y toda otra que tuviera alcance regional. Sus críticos (entre los que estaba la senadora Isabel Allende, hija del ex presidente socialista Salvador Allende) vieron en esta medida un riesgo de que se perdiera el poder de veto de la oposición, tradicionalmente ostentado por el Senado. Además, reprochaban al texto que las funciones reservadas al nuevo órgano eran muy pocas, por lo que esta Cámara no servía de contrapeso a la Cámara de Diputados.
DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
La propuesta de Constitución otorgaba derechos inéditos a los pueblos indígenas (que representan casi el 13% de 19 millones de chilenos y a los que en la actualidad, la norma suprema no hace ninguna referencia). El texto define a Chile como un estado plurinacional, es decir, que los pueblos indígenas son reconocidos como una nación distinta. Además, tendrían sus propios tribunales, cuotas aseguradas en cualquier órgano electo, podrían gobernar sus propios territorios y reclamar la restitución de terrenos que les fueron históricamente arrebatados.
Los detractores aseguran que la norma no explica cómo se produciría esa restitución; también que muchos de esos derechos ya están regulados en acuerdos internacionales como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, aunque el texto chileno iba mucho más allá. El tema es uno de los que más controversias ha generado sobre todo por la idea de crear un sistema paralelo de justicia y por tanto, un cierto trato privilegiado. Pero las críticas también provenían dentro, de los propios mapuches (el 80% de los indígenas en Chile lo son): “¿De qué sirve tener escaños reservados si muchos mapuche no tienen qué comer?”, se preguntaba por ejemplo un líder de la comunidad en el diario New York Times:
EL ABORTO
En la propuesta de nueva Constitución se incluye un artículo que consagra los derechos sexuales y reproductivos de las personas, incluido el derecho de “decidir libremente sobre el propio cuerpo, la reproducción, el placer y la anticoncepción”. La norma que habla del aborto -sin nombrarlo- ha sido criticada porque no pone ningún límite de meses para interrumpir el embarazo. La respuesta de la Convención Constitucional fue que una ley regularía estos derechos; es decir, la responsabilidad recaería en manos de la Cámara de Diputados. En la actualidad, el aborto en Chile está regulado por ley (promulgada en 2017) y se permite en tres casos: inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre o cuando el embarazo es resultado de una violación.
NUEVO SISTEMA JUDICIAL
La primera crítica empieza en el nombre; y es que la nueva Constitución no habla de Poder Judicial sino de Sistema de Justicia (y eso, según algunos expertos legales, altera la concepción de los tres poderes del Estado), integrado por el Sistema Nacional y los sistemas jurídicos indígenas (con las críticas que eso implica, como ya se hablaba en el apartado relativo a los pueblos indígenas). Tampoco ha sido muy bien recibida la propuesta de crear un nuevo órgano, el Consejo de Justicia (plurinacional y paritario) que nombrará a todos los jueces y funcionarios, revisará la gestión de todos los tribunales y podrá sancionar o remover jueces; una función que actualmente reside en la Corte Suprema. Sus múltiples funciones fueron vistas con cierta suspicacia. Su composición, de 17 integrantes, sólo 8 son jueces (los 9 restantes – dos funcionarios, dos indígenas y otros cinco miembros nombrados por el Congreso- pueden incluso no ser abogados), tampoco convencía.
¿UN MUNDO IDEAL?
El texto que ha sido rechazado dibuja a una sociedad radicalmente distinta a la que vivió bajo la Constitución de Pinochet. Y, además, está influido por los disturbios sociales de 2019 que fueron un punto de inflexión en la transformación de la sociedad chilena. El proceso de redacción ha sido casi más importante que el texto, que incluye conceptos hasta ahora ignorados en una Carta Magna: “estado plurinacional”, ” democracia paritaria” o incluso otros aún más ambiciosos (“derecho humano al agua”, “derecho a una alimentación adecuada”, “derecho a envejecer dignamente”). En la calle, la gente habla de justicia, de identidad, de leyes, de pensiones. Chile se ha convertido, como decía hace unos días el periodista Sebastián Fest, en el laboratorio mundial de la experimentación política y este proceso, que podría inspirar a otros países, no se detiene.