La necesidad de contar con una vivienda es notable entre muchas familias de Comodoro Rivadavia. Esto se hace evidente durante la inscripción para las 313 viviendas, que se construirán en la zona oeste de la ciudad. El 24 de junio de 1980, primer día de registro de interesados, más de mil personas se anotan en el Gimnasio Municipal.
Desde la madrugada, pese al frío, realizan extensas colas para poder estar entre los beneficiarios de este plan de viviendas, una de las primeras alternativas de acceder al techo propio en condiciones más accesibles que las del exigente mercado inmobiliario.
Meses después, se conocerá el “escándalo de las 1.000 viviendas”, resultado de la licitación del plan más ambicioso en materia habitacional para Comodoro Rivadavia hasta el momento.
El 12 de octubre, el juez Federal Norberto Giletta, pide el arresto del subsecretario de Hacienda de la Provincia, Daniel Novak, del interventor del Instituto Provincial de la Vivienda Mario Abad y de Luis María González, funcionario de ese organismo, denunciados por cohecho en la adjudicación de las 1.000 viviendas a Inhouds Klein Construcciones SA.
La empresa no cumplía el cronograma de obras ni pagos en término a los 70 obreros. Los trabajadores dicen que “ni cemento hay” en el obrador. Ante los problemas financieros en la firma, la provincia envía 7.000.000 de dólares, pero no se observan adelantos en el trabajo.
La licitación N° 5/79 del IPV tenía un plazo de ejecución de 1.080 días para las viviendas a construirse en el extremo oeste de Comodoro Rivadavia. Se presentaron 14 oferentes y la comisión respectiva opta por la mencionada empresa.
El proceso judicial determina el arresto, días después de los funcionarios, de German Klein, uno de los principales accionistas de la empresa, que se une a los anteriores detenidos en la cárcel de Villa Devoto.
En septiembre del ’80, las obras ya estaban paralizadas, pero se había definido que DYCASA sería la adjudicataria para concluir las viviendas, tan ansiosamente esperadas en la comunidad.
Por otro lado, la Justicia determina, el 29 de mayo, que no hubo irregularidades durante la gestión municipal de Provedo, quien se tuvo que retirar del cargo sospechado por la adjudicación a la empresa PRODICO SA de la pavimentación de 180 cuadras. La Fiscalía de Investigaciones de la Provincia dictamina que no hubo irregularidad administrativa y que la adjudicación directa se justificaba por la urgencia en contratar la obra y el bajo precio convenido.
Fragmento del libro “Crónicas del centenario”