El próximo martes 1 de abril dará inicio el juicio oral y público contra los ocho acusados por los destrozos e incendios en la Casa de Gobierno y otros edificios públicos hechos de violencia ocurridos en Rawson el 16 de diciembre de 2021.
Aquella jornada, en el marco de una movilización antiminera en rechazo a la Ley de Zonificación sancionada en la Legislatura de Chubut, un grupo de manifestantes irrumpió en la Casa de Gobierno, causando daños significativos y prendiendo fuego en varias dependencias. También fueron atacados el Ministerio de Educación, oficinas del Superior Tribunal de Justicia y otras instituciones de la capital provincial.
A casi cuatro años de estos graves incidentes, el proceso judicial comenzará el 1° de abril en la Oficina Judicial de Rawson, con una segunda audiencia programada para el 3 de abril de 2025. La fiscal Florencia Gómez y el abogado Tyago Casamayú han presentado la lista de testigos que prestarán declaración en la causa.
La investigación abarca una serie de delitos, incluyendo daño agravado e incendio intencional, con un total de ocho personas imputadas.
El origen del conflicto
La violencia desatada en diciembre de 2021 estuvo directamente relacionada con la aprobación de la Ley 128/20, que habilitaba el desarrollo minero en dos departamentos de la meseta central de Chubut. La iniciativa, impulsada por el entonces gobernador Mariano Arcioni, fue aprobada en medio de fuertes protestas y enfrentamientos, generando un profundo rechazo en amplios sectores de la sociedad chubutense.
Por su parte, en otro fallo judicial reciente vinculado a protestas sociales, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh), Daniel Murphy, fue condenado el pasado 11 de febrero a un año de prisión de ejecución condicional por daño agravado. Se lo encontró culpable de haber roto, a patadas, el vidrio de una puerta del Ministerio de Economía durante una protesta docente en junio de 2023.
El juicio se llevará a cabo bajo modalidad presencial y será clave para determinar la responsabilidad de los acusados en los hechos que motivaron la investigación penal. El tribunal deberá evaluar la validez de las pruebas reunidas y el testimonio de los testigos para dictar sentencia en las próximas semanas.