La odisea del dictador peruano Pedro Castillo duró apenas dos horas, el tiempo transcurrido desde que anunciara al país que disolvía el Congreso y decretaba estado de emergencia y toque de queda hasta que fue retenido por los policías anticorrupción en la Procuraduría cercana al que fuera su Palacio presidencial. Una deriva sin igual para la Historia de los tiranos de América Latina, desde los milicos del Cono Sur, incluido Augusto Pinochet, hasta los actuales Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega.
A Castillo, uno de los líderes de la oleada de presidentes izquierdistas en el continente, nadie le hizo caso en su locura, acorralado por la oleada de escándalos de corrupción que airearon una vez más la putrefacción de su mandato y a pocas horas de la votación que iba a realizar al Congreso para destituirle. Ni los militares ni la policía ni ninguno de los poderes públicos respaldaron al maestro de Cajamarca, llegado al poder por las casualidades de la Historia al frente del partido marxista Perú Libre (PL), el principal defensor de las actuales dictaduras latinoamericanas.
Una soledad patente tras fracasar su autogolpe, que evocaba al realizado por Alberto Fujimori en 1992, pero sin ningún argumento para llevarlo a cabo. Vestido con una chaqueta azul, cabizbajo, sentado junto a su ex primer ministro Aníbal Torres, el Rasputín de su administración, apareció en la foto de la Policía con la tira negra sobre sus ojos como cualquier delincuente nacional. A su alrededor, los policías y fiscales anticorrupción que ya habían abierto seis investigaciones contra el ex presidente, todas ellas por escándalos de corrupción que no sólo le involucran a él, también a su familia y su círculo más íntimo. Derrotado por el estado de Derecho, su destino será la cárcel, el mismo de Fujimori, el padre de quien fuera su rival electoral en las presidenciales del año pasado.
“En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia”, subrayó el presidente en su alocución al país. Tembloroso y tan peleado con las palabras como en otras intervenciones, Castillo dictó las primeras medidas para “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, además de convocar en el más breve plazo elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
El mandatario pretendía gobernar a través de decretos, suspendiendo derechos e imponiendo el estado de excepción. La imposición de una nueva Constitución fue una de las promesas de la campaña de su partido marxista Perú Libre.
RUMORES
Ya durante el fin de semana los rumores de autogolpe sobrevolaban Lima tras conocerse la dimisión del entonces ministro de Defensa. Pero ayer mismo en la mañana se conoció otra dimisión, la del comandante general del Ejército, Walter Córdoba Alemán, tras las presiones sufridas por el nuevo titular de Defensa. Sabedor de sus escasos apoyos, el maestro de Cajamarca llamó a asociaciones, rondas campesinas y sectores sociales a respaldar su decisión.
La decisión de Castillo provocó una oleada de rechazo vista pocas veces en el país andino. El primero en salir del gabinete fue el canciller, César Landa, quien comunicó en sus redes sociales que “en estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso, violando la Constitución”.
Tras Landa fue el ministro de Justicia, Félix Chero, hasta ayer mismo recalcitrante defensor de Castillo, quien decidió dimitir de forma irrevocable ante “el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional”.
Los ex presidentes también salieron a la palestra, algunos cercanos ideológicamente a Castillo como el izquierdista Ollanta Humala: “Castillo es un dictador, es una vergüenza para el país de alcance internacional. Terminará como todos los dictadores”.
Minuto a minuto, a un ritmo endiablado, el Estado de Derecho se empeñaba en desobedecer al presidente golpista. Hasta Vladimir Cerrón, líder del PL y su principal apoyo, reconoció que su amigo se había precipitado “porque no había votos para la vacancia”.
Sólo faltaba que los militares confirmaran lo que ya se conocía en los círculos políticos de la capital peruana: jamás se unirían a la deriva sin rumbo del maestro. “Somos respetuosos del orden constitucional establecido. Cualquier acto contrario al orden constitucional genera el no acatamiento”, adujeron tanto el Comando de las Fuerzas Armadas y de la Policía dejaron claro que no apoyaban la locura de Castillo.
El Poder Judicial, Defensoría del Pueblo y principales instituciones se sumaron al repudio general, incluso Francisco Morales, presidente del Tribunal Supremo, no se ahorró ninguna palabra: “El señor Castillo ya no es presidente del Perú, no creo que nadie en su sano juicio pueda mantener esa postura. La vicepresidenta (Dina Boluarte) debe asumir el poder”, añadió el juez, quien también aseguró que nadie debería obedecer al “gobierno usurpador”.
Ya sólo faltaba que el Congreso oficializara el cambio de rumbo en el país. “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador”, abrió la sesión parlamentaria su presidente, José Williams. Reunido de emergencia antes de la hora prevista, el Congreso votó de forma casi unánime en contra de su disolución, incluyendo pequeñas sentencias personales. “¡Porque el pueblo peruano siga en democracia!”, “¡Por la libertad y la Constitución!”, “Por la democracia en nuestro país”, incluso con llamados a la Asamblea Constituyente pero “en democracia”, de un antiguo aliado. El resultado sobrepasó los 87 votos necesarios para la destitución: 101 a favor, 6 en contra y 10 abstenciones.
Castillo ya estaba “vacado”, como ya sucediera con Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. La sucesora Boluarte, que ya se negó a formar parte del último gabinete como ministra (aunque seguía siendo vicepresidenta), había dejado clara su postura nada más conocer el golpe de su compañero de fórmula presidencial: “Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”. Se trata de la primera mujer presidenta en el país inca.
Fuente: El Mundo