El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Facundo Ball, advirtió sobre la fuerte pérdida del poder adquisitivo de los docentes universitarios desde el inicio del gobierno de Javier Milei y aseguró que el conflicto ya no es solamente presupuestario, sino “claramente institucional”.
Según explicó Ball, un monitoreo realizado por la facultad tomando como “caso testigo” al auxiliar de primera —la categoría inicial de la carrera docente universitaria— arroja una caída salarial real cercana al 39% desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026.
“Si tomamos diciembre de 2023 como base 100, hoy el salario real nos da 61,2. Es decir, perdió un 38,8% del poder adquisitivo”, sostuvo el economista, aclarando que el análisis se realizó sobre recibos de sueldo de docentes de la universidad patagónica, aunque señaló que la tendencia “debería ser similar en todo el sistema universitario argentino”.
El decano señaló que la pérdida salarial ya está generando consecuencias concretas dentro de las universidades públicas, especialmente en los cargos iniciales de la docencia.
“Hay una gran cantidad de renuncias en todo el sistema universitario. Está pasando sobre todo con los auxiliares de primera, que son los que menos ganan y los que tienen menor costo de oportunidad para irse”, explicó.
En ese sentido, advirtió que la situación impacta de lleno en el funcionamiento académico, particularmente en los primeros años de las carreras, donde se concentra la mayor matrícula estudiantil.
“Nuestra facultad tiene récord de inscriptos y hay cátedras de 500 alumnos. Para sostener eso se necesita un equipo docente completo, pero ese equipo se va desintegrando”, alertó.
Ball también cuestionó con dureza la decisión del Poder Ejecutivo nacional de suspender mediante decreto la aplicación de la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente con el respaldo de los dos tercios.
“Lo más grave ya no es solamente lo presupuestario. Estamos frente a una ley suspendida por decreto, y eso afecta la división de poderes”, sostuvo.
El economista reconoció que el sistema universitario argentino necesita mejoras y reformas, tanto en términos académicos como de gestión, pero insistió en que “el gobierno nacional, como cualquier ciudadano, debe cumplir las leyes”.
Finalmente, advirtió sobre el deterioro de las partidas destinadas a investigación, extensión y transferencia técnica, que -según datos citados de la Oficina de Presupuesto del Congreso- hoy representan apenas el 40% en términos reales de lo que significaban en 2023.
Nota elaborada en base a declaraciones a LU20