La marcha del Día del Trabajo transcurrió en Caracas como otra de las constantes protestas que en los últimos meses han organizado los trabajadores del sector público, jubilados y pensionados, que perciben una remuneración diluida por la voraz inflación. La movilización fue más concurrida, estuvo muy vigilada por los cuerpos de seguridad y fue bloqueada por vallas antimotines antes de llegar a su meta, en la sede la Fiscalía. Los manifestantes exigieron un salario digno y suficiente y denunciaron vivir con sueldos de hambre, de poco más de cinco dólares al mes.
En una movilización paralela convocada por el Gobierno, Nicolás Maduro ofreció incrementos en dos bonificaciones, la de alimentación y la de la “guerra económica”, que no perciben todos los trabajadores y pensionados, no tienen incidencia en las prestaciones sociales y suman 60 dólares en total. Mientras, el ingreso mínimo se mantiene en 130 bolívares, que hoy equivalen a cinco dólares, desde marzo de 2022, cuando se hizo el último ajuste, aplastado por más de un 500% de inflación acumulada.
En la marcha de los trabajadores, el profesor de dibujo técnico Miguel Martínez dijo sentirse asfixiado por la supervivencia. Tiene 61 años, está jubilado después de 30 años de servicio y ha tenido que salir a buscar trabajo. Algunos días le toca subirse al tope de edificios como ayudante de sus hijos en la instalación de antenas de telecomunicaciones. “Estamos en una condición deprimente. No me alcanza, no me puedo mantener. Mis hijos me ayudan, pero ellos salieron del país, tuvieron que regresar y tampoco están bien. Esto es algo que te agota, que te asfixia. Ellos hablan de bloqueo y sanciones y uno se pregunta por todo el dinero que se perdió en PDVSA”, dice el docente, también dirigente sindical del Sindicato de Maestros de Venezuela. “Dejaré los huesos en la calle en esta lucha, porque es doloroso que mis hijos y mis nietos estén viviendo lo peor cuando yo de joven pude vivir mejor”, asegura antes de seguir hacia el centro, donde los esperaba un piquete que impidió a la movilización llegar a su destino.
Las medidas de Maduro, que ha hablado en su discurso de un “salario de emergencia” y ha pedido a los venezolanos resistir “hasta que se pueda tener la fortaleza financiera” para recuperar el ingreso mínimo de los trabajadores, se aleja del monto que vienen exigiendo los sindicatos que oscila entre los 100 y 400 dólares como ingreso mínimo vital, para cubrir una canasta básica que ya supera los 500 dólares mensuales. En el acto político, realizado a pocas cuadras de donde aspiraba a llegar la otra manifestación, el líder chavista leyó una propuesta entregada por Wills Rangel, presidente de la Central de Trabajadores Socialistas, afiliada al partido de Gobierno, y fue aprobando uno a unos los puntos que incluyen algunas mejoras en los servicios de salud, planes de vivienda y un aumento de los tributos a los más ricos.
El dirigente sindical anticipó su apoyo al “presidente obrero”, a la vez que dio por perdida la lucha salarial. “Los trabajadores de la revolución no nos hacemos ilusiones con el tema de un salario mínimo porque nosotros creemos que tenemos instrumentos y usted nos ha dado el apoyo para ir por algo superior que es tomar el poder y hacer más con menos”, dijo Rangel al micrófono.
En la propuesta de las bonificaciones, la organización propuso llevar el bono de guerra a 45 dólares y el de alimentación a 15 dólares. En pleno discurso, Maduro aceptó la propuesta, pero rápidamente aplicó la matemática en la proporción de las retribuciones dejando el bono de guerra, que tiene más beneficiarios, en 20 dólares, y el de alimentación, conocido en Venezuela como “el cestaticket”, que es obligatorio para el sector formal de la economía que es el más reducido, en 40 dólares. “Son 60 dólares redondeados como mínimo, además del salario. Este plan de emergencia y resistencia del ingreso nos debe llevar más temprano que tarde a la recuperación del salario en las convenciones colectivas. Tengan la seguridad y la confianza de que llegaremos a la recuperación total del salario, pero ahora tenemos que resistir y resistir con fuerza”, advirtió Maduro. Los cálculos reales implican un incremento de poco más de 10 dólares con respecto a lo que ya reciben y, en el caso de algunos jubilados de la administración pública, significa incluso una reducción, por el cambio en la proporción de las asignaciones.
El mandatario agregó que estas dos bonificaciones estarán indexadas mensualmente al valor de la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, “para que no se deteriore”. No está claro cómo se producirá esto sin que tenga un impacto en el aumento de la inflación por el aumento del tipo de cambio. En años anteriores, el Gobierno ha dicho que el salario mínimo está anclado al precio de la llamada criptomoneda petro, que tiene como valor de referencia el precio del barril de petróleo, sin que esto se reflejara en lo que reciben los trabajadores. Hace un año también se ofreció un bono único que entonces equivalía a 2.200 dólares para 120.000 jubilados del sector público que se retiraron con salarios precarios. Hasta el momento no se ha pagado y a la tasa de hoy sería de apenas 400 dólares.
Después de una tímida recuperación y de los pronósticos de mejoría de la economía que hubo el año pasado, Venezuela vuelve a acercarse a un escenario hiperinflacionario. La contracción de la economía durante el primer trimestre y la caída del consumo ha sido reportada por varias firmas económicas. La presión por el aumento del salario mínimo se mantiene desde hace meses y se esperaba que este lunes el Gobierno finalmente hiciera el ajuste. El chavismo ha venido desde hace años recortando las conquistas laborales, dejando a un lado los beneficios de la contratación colectiva e igualando las tablas salariales en el sector público que emplea a unos dos millones de personas.
El Gobierno se ha defendido al alegar la sequía de ingresos por el bloqueo de Estados Unidos, aunque también ha reportado incrementos en la recaudación de tributos sobre los que han aumentado considerablemente todos los cánones, sumado al nuevo impuesto decretado hace un más de año que grava con un 3% cualquier transacción hecha en dólares en una economía en la que los bolívares no valen nada.
Este mismo año, las autoridades han denunciado la pérdida de más de 3.000 millones de dólares en tramas de corrupción en torno a la venta del petróleo en los últimos años que ha dejado más de 80 detenidos relacionados con la estatal PDVSA. El país buscó intermediarios para vender el crudo con descuentos en medio de las sanciones y al final no le pagaron. Sobre esto, una vez más el chavismo empieza a pintar una nueva conspiración política. Esta semana, el fiscal afín a Maduro, Tarek Willian Saab, ha dicho que las operaciones reveladas buscaban “generar la implosión de la economía venezolana para buscar un saldo desfavorable al Estado venezolano”. Pero en la marcha de los trabajadores tenían otra tesis. Una de las consignas más coreadas y pintadas en pancartas fue: “Esto no es bloqueo, esto es saqueo”.