El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Gustavo Menna, respondió con dureza al comunicado de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial que impugnó la norma que elimina los fueros para políticos, sindicalistas y miembros de la justicia por considerarla “inconstitucional” y una amenaza a la independencia judicial.
“La eliminación de los fueros no es una amenaza a ninguna garantía constitucional. Al contrario: los fueros son, por definición, un privilegio. Así lo reconoce la doctrina y la propia etimología de la palabra”, afirmó Menna en una entrevista, al rechazar los argumentos de la entidad que representa a jueces, fiscales y defensores públicos de la provincia.
El funcionario sostuvo que los fueros implican un trato desigual ante la ley, ya que permiten que, incluso tras una condena penal firme, las personas alcanzadas por ese beneficio no puedan ser detenidas sin la autorización de un órgano especial. “Esto genera una situación de ultraminoría privilegiada. En una provincia con más de 600.000 habitantes, solo 3.000 personas tienen ese beneficio”, explicó.
Un contrapunto con fuerte trasfondo político
La ley que elimina los fueros fue aprobada por la Legislatura en febrero a instancias del gobernador Ignacio Torres y será sometida a plebiscito en las elecciones de octubre. La Asociación de la Magistratura presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia, argumentando que la reforma fue aprobada en un “trámite exprés” y que los fueros son una garantía institucional, no un privilegio personal, para preservar la independencia de jueces y fiscales.
Menna desestimó ese planteo al señalar que la norma aún no tiene vigencia: “La Constitución establece que este tipo de enmiendas requieren del voto del pueblo. No hay norma vigente aún, sino un proceso en curso. Plantear una acción judicial contra una norma que todavía no está en vigor es como impugnar un proyecto de ley: no hay caso judicial posible”.
Además, negó que eliminar los fueros habilite represalias desde el Ejecutivo hacia el Poder Judicial. “Se está eliminando la inmunidad de arresto, no la de opinión. Nadie va a ir preso por fallar en contra del Gobierno. Ese argumento no tiene sentido jurídico”, remarcó, citando incluso jurisprudencia internacional que protege la libertad de expresión y opinión.
“Buscan impedir que el pueblo vote”
El vicegobernador fue más allá y advirtió que la presentación judicial “parece orientada a evitar que el pueblo de Chubut pueda decidir en las urnas”. Para Menna, la legitimidad de la reforma no depende del Ejecutivo ni de la Legislatura, sino del voto ciudadano que se expresará en octubre.
“Me preocupa que se plantee una acción judicial para impedir que el pueblo vote. Este es un debate saludable, necesario, y me resulta difícil encontrar en la sociedad civil defensores sinceros de los fueros tal como existen hoy”, concluyó.
El cruce entre el Poder Ejecutivo y el sector judicial por esta reforma promete seguir escalando en los próximos meses, mientras la ciudadanía se prepara para decidir en las urnas si mantiene o elimina este régimen de inmunidades que ha sido objeto de polémica en todo el país.
Nota elaborada en base a declaraciones a LU20