El reparto de los nuevos permisos de pesca en Chubut mantiene todas las miradas puestas en lo que resuelva el gobierno de Mariano Arcioni, con esos otorgamientos, que nacerán a la luz de la nueva Ley de Pesca IX N° 157, en el corto plazo.
Se crearon siete nuevas licencias, pero solo tres se fijó que deban reunir requisitos de estar vinculadas a plantas de procesamiento. En el caso de los tres nuevos artesanales, no tienen esta exigencia, ni tampoco para el sexto VAPOCA creado, por los legisladores chubutenses, en la madrugada del 23 de diciembre de 2022.
La norma creó tres nuevos permisos Tipo 1 al elevar de 37 a 40 las licencias buques fresqueros amarillos, cuya eslora de arquero sea menor o igual a 21 metros. En este caso la ley dice que el “excedente de permisos será otorgado por la autoridad de aplicación en el marco de la presente ley y conforme prevea la reglamentación, a las empresas que cumplan los siguientes requisitos: a) Empresas que se encuentren radicados en la Provincia del Chubut, con un mínimo de 5 años. b) Empresas que efectivicen un mínimo de 80 empleados; c) Empresas que no sean, ni hayan sido titulares de permisos de pesca otorgados por la Provincia del Chubut.
Trece empresas presentaron Proyectos Pesqueros para acceder a alguna de las licencias en danza, pero en rigor dentro del sector hay severas dudas, -así lo admiten en off diferentes ejecutivos de compañías-, respecto de que la convocatoria hecha por la Secretaría de Pesca tenga la intención de fondo de distribuirlas en forma equitativa y transparente.
La invitación a presentar proyectos parece ser parte de un ropaje que pretende vestir de transparente y limpio a un esquema de reparto, que otros sospechan está digitado y, acordado políticamente de antemano, incluso de antes mismo que la ley fuera votada.
El secretario de Pesca, José G. Aguilar, ventiló que conformó una “comisión” con amplia participación de referentes sindicales marítimos y del gremio de la alimentación, que oficiarán de ‘filtro’ de las empresas que buscan conseguir un permiso para abastecimiento de sus plantas de procesamiento.
Esa comisión no está estipulada por la Ley de Pesca, ni tiene jurídicamente poder de decisión, es apenas un ámbito ‘consultivo’, pero donde los encumbrados dirigentes sindicales buscarían hacer notar su peso y poder de influencia. Desde las empresas interpretan que para que un proyecto pesquero tenga luz verde, “ahora habrá que ‘convencer’ también a los gremialistas, vaya a saber a qué costo y qué monto”, cavilan
Analistas especializados en la materia sostienen que, en el caso del inciso que excluye a las firmas que “sean o hayan sido titulares de permisos provinciales”, dejaría a todas afuera o a todas en igualdad de condiciones para competir, ya que en su mayoría las empresas han tenido permisos de Chubut como, por ejemplo, para congeladores, autorizaciones temporales de captura, o costeros vinculados a las plantas. Además, estipulan que no quedan alcanzados por esa limitación, los permisos cuya naturaleza son leyes especiales, otorgados por la propia Legislatura, porque tienen otro status, tales como Conarpesa, Ecoprom (Ley N° 87) y Red Chamber (Ley N° 133 y 136).
El legislador no aclaró en la redacción a qué tipo de permiso haya tenido vinculado la planta, y como la Ley 157 tampoco está reglamentada, no podría quedar a la libre interpretación restrictiva de un funcionario, ni a una comisión no prevista en el marco normativo, y que además quedó compuesta a discrecionalidad del titular de la cartera de Pesca.
Otro dato, por normas generales de contratación con el Estado, no calificarían empresas que se encuentren concursadas o quebradas.
El primer “zarandazo” que deje en el camino a un grupo de empresas, podría ser también el primer capítulo de un proceso de judicialización, que parece cada vez más inevitable, en este sinuoso entramado de concesión estatal de permisos de extracción de recursos pesqueros. Habrá que ver.
Por Nelson Saldivia, periodista especializado en pesca