La Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACH) presentó ante el Superior Tribunal de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Ficha Limpia pesquera, cuestionando la validez del régimen aprobado recientemente por la Legislatura provincial.
La presentación judicial apunta al corazón de la reforma, al considerar que introduce modificaciones sustanciales en las condiciones de acceso y permanencia en la actividad pesquera, afectando derechos adquiridos y alterando el marco bajo el cual las empresas desarrollaron su actividad durante años. Desde la cámara sostienen que la norma cambia las reglas de juego de manera abrupta, impactando sobre permisos vigentes que fueron otorgados con anterioridad y sobre los cuales se realizaron inversiones, se estructuraron operaciones y se generaron puestos de trabajo en distintos puntos de la provincia.
Uno de los ejes centrales del planteo es la presunta vulneración del debido proceso. Según CAFACH, “la ley habilita la quita automática de permisos sin garantizar instancias previas de defensa, lo que viola principios constitucionales básicos”. A esto se suma el cuestionamiento por la incorporación de causales que no guardan relación directa con la actividad pesquera, como deudas fiscales o situaciones personales, que pueden derivar igualmente en la pérdida de habilitaciones.
Otro de los puntos críticos señalados por el sector empresario es la concentración de facultades en el Estado provincial. La cámara advierte que el nuevo esquema convierte al Estado en juez y parte, al mismo tiempo que “utiliza los permisos como herramienta de presión para el cobro de deudas”, desdibujando los límites entre regulación y sanción.
En ese marco, CAFACH sostiene que la normativa genera un escenario de inseguridad jurídica que pone en riesgo no solo la continuidad de las inversiones sino también la estabilidad de toda la cadena productiva vinculada a la pesca. La entidad resumió su postura con una crítica directa al espíritu de la ley: “Esta ley no ordena la pesca, la pone en riesgo: cambia las reglas, castiga sin defensa y usa los permisos como herramienta de presión. Así no se puede trabajar ni invertir en la provincia”.