El tráfico de animales, un negocio millonario que amenaza 1.300 especies en Colombia

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Se dice que los huevos de iguana son afrodisíacos, que el canto de los canarios mejora los negocios, que tomar caldo de pichón de loro ayuda a los niños a hablar y que las garras de los felinos los hacen más fuertes. Los mitos son infinitos. Otras veces, la belleza y el exotismo de la fauna silvestre colombiana son suficientes para justificar el tráfico animal; uno de los tres negocios más lucrativos del mundo. Esta práctica, que solo en el país andino mueve cerca de 23.000 millones de dólares, está dejando en los huesos el patrimonio natural. Y también ha provocado que el hallazgo de ranas moribundas en cajas de zapatos o guacamayas en botellas de gaseosas sean el día a día de las autoridades ambientales. Esta es, dicen, la cruz del segundo país más biodiverso del mundo.

Colombia tiene registradas 63.300 especies. Y solo el año pasado se incautaron al menos un ejemplar de 20.000 de ellas. “Es un problema muy grave en el país”, explica por teléfono Adriana Lucía Santa Méndez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para la responsable, la solución pasa por dos puntos claves: educación ambiental en las comunidades y no permitir la impunidad de este delito (que estipula de cuatro a nueve años de cárcel a quien trafique, transporte o introduzca animales silvestres; además de una multa de 35.000 salarios mínimos).

Las cifras en el mundo son aterradoras. Cada año se trafican alrededor de 30.000 mamíferos, entre dos y cinco millones de aves, más de dos millones de reptiles y 6.000 millones de peces y anfibios, según Cites, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. El principal factor que detona esta práctica es, dicen los expertos, la demanda, que no disminuye dado el bajo riesgo asociado para el traficante. En Colombia, este es el principal factor por el que hay 1.302 amenazadas o en peligro de extinción.

Las familias más amedrentadas son los primates, los reptiles y los psitácidos (loros y papagayos). Los clientes –principalmente estadounidenses, europeos y asiáticos– pagan hasta 15.000 dólares por las guacamayas y 10.000 por los monos de cabeza blanca. “Aunque se ha trabajado mucho en el decomiso, este tráfico no recibe la misma atención del Gobierno que el de drogas. Aún hace falta un buen registro de datos, más recursos y personal más cualificado”, indica una de las representantes del Programa de Combate al Tráfico de Vida Silvestre de WSC, quien prefiere no revelar su identidad por miedo a las represalias. “Tenemos que dejar de asociar esta práctica con lo cultural. Es un delito y tiene un impacto enorme en la economía, la biodiversidad y las propias comunidades”.

Aunque las autoridades ambientales hacen hincapié en la sensibilización de los lugareños, la realidad es que, para muchos, la venta de estos animales constituye el único medio de vida. Algunas de las zonas que gozan de mayor riqueza natural (como los departamentos de Amazonas, La Guajira y Chocó) también son las regiones de mayor vulnerabilidad del país y donde mayor ha sido la huella del conflicto armado.

Carlos Bello, director de evaluación, seguimiento y control ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) en Cundinamarca es muy crítico con el maltrato animal y el mercado negro: “Cuando los ejemplares están bonitos, los mantienen en cautiverio o los venden. A nosotros nos llegan cuando están ya en las últimas”. Esta autoridad regional llevó a cabo 58 operativos el año pasado y ya han decomisado 611 animales.

Asimismo, han identificado 176 especies exóticas, de las cuales 17 se encuentran en el listado de las 100 especies más invasoras del planeta, como el caracol gigante, que se alimenta de vegetación nativa. “Tenemos que encontrar la forma de desactivar esta práctica como un negocio. Está en juego demasiado”.

Cada vez que se acerca un festivo, Julio Miguel Oyola Ceballos se prepara para largas jornadas laborales. Él es médico veterinario y coordinador del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y conoce bien las dinámicas en estas fechas: “Muchos aprovechan para irse a la costa y volver con un tití de cabeza blanca, un loro, se traen tortugas… También son fechas en las que los traficantes envían al exterior y nos llegan muchas incautaciones”. En lo que va de año ya van 700 en esta región que engloba 10 municipios del noroeste del país. En el ejercicio anterior, fueron 730. “Se están disparando”, reconoce.

Una vez decomisados, estos animales pasan a manos como las de Oyola. “La mayoría llegan semimuertos o con muchas falencias clínicas. Se les nota desnutridos, improntados –con comportamientos humanos atípicos en su especie– o con claras señales de haber estado bajo hacinamiento. Llegan en condiciones deplorables”, explica. Si se consiguen rehabilitar, son liberados y monitoreados a través de un microchip. En caso de que estos no pudieran sobrevivir en el medio por su cuenta, son recibidos en zoológicos como el Parque Jaime Duque. Allí se custodian más de 300 animales rescatados.

Camila Nieto fue médico veterinaria en el parque durante cuatro años. “Los procesos de rehabilitación son extremadamente lentos. Un loro que llega improntado suele tardar más de dos o tres años hasta que puede socializar con otras aves. Hay veces que incluso son rechazados por su propia especie y toca mezclarlos con otra”.

Aunque han pasado cuatro años, Nieto aún se conmueve al pensar en la historia de Billy, el oso. Este mamífero llegó a principios de los noventa con un problema en las articulaciones muy grave y sin garras (“se las quitaron para que no atacara”). “Vivió toda su vida en cautiverio”, lamenta. “Tuvimos que ponerlo a dormir, ya no aguantaba más. Es horrible pensar que estos animales comparten historias de vidas durísimas por decisiones humanas”.



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