“Es conveniente que me mande cuanto antes esos 19 indios prisioneros que tomó el Mayor Álvarez. Los necesito con urgencia para el Batallón de Artillería de Plaza […]”
Telegrama de Julio A. Roca al comandante Freyre, en 1878.
Por el Decreto 362 dictado el 28 de septiembre de 1872, el ejército de línea era reclutado por alistamiento voluntario, por “enganchados” y “destinados”, y en caso de insuficiencia por “contingentes”. La escasez de voluntarios hizo que a fines de la década de 1870 el ejército estuviera prácticamente conformado en su mayoría por personal enganchado, y el resto por destinados. Esta situación se agravaba pues buena parte de los soldados contratados habían cumplido largamente con su servicio y debía dárseles de baja. En relación a este problema el ministro de Guerra y Marina informó al presidente Avellaneda:
En uno de los estados de la Memoria de la Comandancia General de Armas, encontrará V.E. el detalle de las bajas de soldados durante el año 1878. El Ejército está en su mayor parte cumplido y necesitamos remontarlo activamente para poder ir dando de baja a los que han terminado su tiempo de servicio y no prefieren reengancharse. En el año pasado tan solo, como se ve en el estado a que me refiero, se han dado de baja un mil noventa y cuatro soldados, número exorbitante si se tiene en cuenta que nuestro ejército no pasa de siete mil hombres.
A esto hay que anteponer la sanción de la Ley 10.830, de junio de 1877, que concedió la amnistía general a todos los individuos que hubieren sido destinados al servicio de las armas por causas políticas o militares debido a su participación en alguna sedición o rebelión, y que como consecuencia de su mentado el número de bajas.
Las circunstancias mencionadas hicieron que se produjeran gran cantidad de vacantes en los diferentes regimientos y batallones de línea que fueron difíciles de cubrir, siendo ello uno de los motivos principales de la supresión de algunos regimientos de caballería.
Esta dificultad provino esencialmente del poco éxito que tuvieron las distintas convocatorias de enganche que se llevaron a cabo en los años anteriores, ya que las duras condiciones del servicio, el incumplimiento de los contratos y los constantes atrasos en los pagos de sueldos -que en algunos casos llegaban a varios años- las hicieron muy poco atractivas.
Pero dada la situación nacional e internacional que le tocaba vivir en esos momentos al gobierno argentino era imperioso allanar esa dificultad, porque si bien estaba concluyendo victoriosamente la campaña militar contra los indígenas en el sur del territorio no había desaparecido, ni mucho menos, el peligro de un conflicto armado con la República de Chile y, además, ya se comenzaban a vislumbrar los primeros síntomas del enfrentamiento entre las autoridades nacionales y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El problema del reclutamiento comenzó a tener viso de solución con la incorporación paulatina de aquellos indios de pelea tomados prisioneros, los cuales, a diferencia de épocas anteriores, no fueron incorporados formando cuerpos auxiliares integrados exclusivamente por indígenas sino que ingresaron directamente en las diferentes unidades del Ejército y fueron de manera individual y paulatina cubriendo las vacantes producidas en los distintos regimientos y batallones. Al respecto el propio Roca señalaba la grata sorpresa que le deparaba “la disposición de la raza araucana para transformarse, que sorprende como en pocos meses se hacen soldados y se convierten en marineros”.
En el mismo sentido se expresaba el Presidente de la Nación al inaugurar las sesiones legislativas de 1879: “El indio es un excelente soldado y ha entrado a llenar el cuadro de nuestros batallones. Puede ser un buen marino y actualmente se adiestran más de doscientos en las maniobras subalternas de marinería”.
En efecto, a medida que los derrotados guerreros indios caían en poder de las autoridades militares, éstas, a través de la Comandancia General de Armas, los iban distribuyendo militares. Ingresaban de acuerdo a la Ley de Reclutamiento sancionada en las distintas unidades en el año 1872 y lo hacían en calidad de “destinados” por un de seis años, aunque conviene señalar que en la práctica muchos de ellos excedieron largamente ese tiempo de revista.
Estas incorporaciones comenzaron a producirse en forma sistemática a partir del segundo semestre de 1878, y tenemos conocimiento de ellas a través de los pedidos efectuados por el ministro de Guerra y Marina a los diferentes Comandantes de Campaña que operaban en el territorio indio, con el fin de que remitieran rápidamente los indígenas prisioneros en condiciones de ser incorporados al servicio de las armas.
Fragmento libro “Estado y cuestión indígena”, de Enrique Hugo Mases